El domingo pasado, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) organizó una protesta en la capital de República Dominicana para exigir justicia por los apresados en la Operación Calamar, que ha resultado en el encarcelamiento de varios exfuncionarios del anterior gobierno. Sin embargo, la protesta fue reprimida con bombas lacrimógenas en las calles y en la sede del partido opositor. Ante los hechos, la vicepresidenta Raquel Peña salió a dar declaraciones a la prensa, asegurando que el Gobierno de Luis Abinader «nunca apoyará las represalias» a las protestas y negando que el Poder Ejecutivo o el Partido Revolucionario Moderno (PRM) hayan ordenado los ataques.

Peña afirmó que el Gobierno busca garantizar la paz social y la seguridad de todos los dominicanos, y reiteró que nadie del gobierno envió personas encubiertas para obstaculizar la protesta del PLD. Además, destacó que el Ejecutivo respeta la división de los poderes estatales y dejó en manos de la justicia el futuro de la Operación Calamar.

La vicepresidenta hizo estas declaraciones antes de participar en el acto inaugural de la Asamblea General Ordinaria del Parlamento Centroamericano (Parlacen) que se efectuó en el Congreso Nacional y donde se trataron varios temas de interés para la región. La situación ha generado preocupación en el país y en la comunidad internacional, y ha reavivado el debate sobre la protección de los derechos ciudadanos y la garantía de la libertad de expresión y manifestación en República Dominicana.

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