La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional comenzó este domingo a evaluar la solicitud de medida de coerción a diez de los veinte imputados en la Operación Calamar. Los acusados aún deben presentar sus supuestos arraigos para demostrar que no huirán del país y que asistirán a todo el proceso judicial en su contra.

El Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se encuentra nuevamente fuertemente custodiado con vallas y decenas de agentes policiales. Durante el conocimiento de la medida de coerción el pasado viernes, admitieron su culpabilidad en el alegado entramado de corrupción los imputados: Ángel Lockward, Santiago Moquete, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emil José Fernández, Óscar Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.

Hoy es el turno de presentar elementos que demuestren que no se sustraerán del proceso para el exdirector del Consejo Estatal de Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. También para el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el exdirector de Casinos y Juego de Azar, Julián Omar Fernández y Yahaira Brito Encarnación.

El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que se declare complejo el caso. Los diez que admitieron las imputaciones y colaborarán con la investigación son Ángel Lockward, Santiago Moquete, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emil José Fernández, Óscar Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.

Todos cumplieron el domingo 15 días detenidos por la estafa de más de 19,000 millones en la compra y venta de terrenos por parte del Estado.

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