El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció la actuación violenta de agentes policiales contra miembros de esa organización que se encontraban en la avenida Independencia, frente a su sede nacional en espera de que culminara la reunión de su Comité Central. La dispersión con bombas lacrimógenas y disparos de escopetas llegó hasta las instalaciones de la sede nacional, generando desmayos y dificultades respiratorias entre los dirigentes peledeístas.

El Secretario General, Charles Mariotti, reprochó la actuación de los agentes policiales, quienes dispararon bombas lacrimógenas hacia el interior de la sede peledeísta. Recordó que el Gobierno del Presidente Danilo Medina nunca reprimió protestas que claramente organizaba y auspiciaba el PRM, y que, por el contrario, las autoridades pasadas protegían esas expresiones. “Fuimos un Gobierno respetuoso de ese derecho consagrado en la Constitución que es la libertad de tránsito y el derecho a la protesta”, dijo Mariotti.

El Comité Central autorizó al Comité Político para definir el plan de lucha a seguir para combatir las arbitrariedades y las iniquidades del presente gobierno. Miembros del Comité Político consultados sobre la agresión de que fue víctima el PLD este domingo, condenaron el atropello policial, hecho que conecta con los planes del Gobierno, denunciados por esa organización, de suprimir las libertades públicas.

Al concluir la reunión del Comité Central, sus miembros aprobaron manifestar solidaridad con sus compañeros detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, desplazándose hacia esa edificación ubicada a unas cinco cuadras al este de la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez. Los dirigentes que marchaban por la avenida Independencia fueron impedidos de avanzar en la calle Pasteur, donde se les lanzaron bombas lacrimógenas y se dispararon escopetas.

Al retroceder a la sede peledeísta, los miembros del PLD recibieron decenas de bombas lacrimógenas, cuyos artefactos cayeron en los jardines de la instalación, provocando desmayos y dificultades respiratorias momentáneas. Congresistas y ediles presentes condenaron el atropello, calificándolo como un atentado a la libertad de tránsito y a la libre expresión del pensamiento, que son derechos fundamentales de los ciudadanos.

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