La República Dominicana irá a elecciones el próximo año 2024, y al igual que en la última contienda volverá a estrenar una Ley Orgánica de Régimen Electoral, esta vez con la figura del fiscal electoral y una delimitada Procuraduría Especializada para la Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales.

En los comicios del 2020, se celebraron los certámenes con la ley 15-19 que vino a derogar la hasta entonces vigente ley 275-97.

Con la nueva Ley Orgánica de Régimen Electoral, los crímenes y delitos electorales serán conocidos por los tribunales penales ordinarios del Poder Judicial, cuando sean denunciados por la parte afectada, las juntas electorales o de oficio por parte de la Procuraduría Especializada. Mediante la sentencia del Tribunal Constitucional TC-0508-21 se le quitó esa competencia al Tribunal Superior Electoral (TSE). 

La Procuraduría Especializada estaba contemplada en la antigua Ley Electoral 15-19, sin que se definieran sus roles. Se regía según las disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público, del 9 de junio de 2011.

Con la nueva legislación se estableció que se encargará de la investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales como dependiente de la Procuraduría General de la República.

La instancia será dirigida por un procurador general Adjunto o de Corte de Apelación, y tendrá competencia a nivel nacional. Contará con 4 adjuntos.

La designación del procurador estará a cargo del Consejo Superior del Ministerio Público, mediante un concurso público que deberá realizarse con no menos de dos años de anticipación a las elecciones nacionales. Su mandato durará cuatro años y podrá ser renovado por un segundo y único periodo.

¿Procurador?

Se encargará de representar al Ministerio Público ante la jurisdicción electoral para juzgar a los prevenidos, apegado a la nueva ley Electoral y otras legislaciones que incidan en la materia. 

Deberá dirigir y coordinar las labores de investigación y persecución que realizan los procuradores adjuntos y fiscales electorales, así como ejecutar políticas de prevención y criminal, vinculadas con las infracciones electorales.

También tendrá bajo su responsabilidad coordinar las direcciones de investigación que sean creadas para la persecución de los delitos y crímenes electorales. Podrá realizar gestiones de coordinación con la policía militar electoral y presentar los actos conclusivos en los casos.

Los perseguidores 

La figura del fiscal electoral movilizó la opinión pública, previo a la aprobación de la ley 15-19, sin que los reclamos políticos y sociales fueran tomados en cuenta.

Ahora con la nueva legislación electoral, se estableció que serán los encargados de realizar las labores de investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales en cada una de las demarcaciones, bajo las directrices de la Procuraduría Especializada. En cada una de las provincias habrá por los menos dos fiscales.

En los años electorales ejercerán funciones en el Ministerio Público y a partir de la apertura de la precampaña hasta la proclamación de las autoridades electas, se dedicarán exclusivamente a sus funciones designadas.

Actores de primera línea

Los presidentes, de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, y del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, reconocieron que la nueva ley dará mayores facultades para actuar en el periodo de la precampaña y campaña. Además, permitirá sancionar la violación a los topes de gastos permitidos en el período de la campaña, entre otros aspectos. 

Jáquez Liranzo precisó que “el poder político desaprovechó una oportunidad importante para hacer una reforma integral donde se impactaran aspectos de más relevancia”. No obstante, saludó la aprobación y reconoció las nuevas herramientas a favor de la JCE.

Mientras Camacho Hidalgo, valoró la nueva legislación, la cual entiende es superior a la antigua ley 15-19.

“Como órgano vinculado a la aplicación de la ley, acudimos tanto al Senado como a la Cámara de Diputados y allí llevamos las propuestas que nos pidieron los legisladores que le hiciéramos a la ley. Hoy en día la mayoría de las propuestas que nosotros hicimos están en la ley”, refirió.

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