• El exministro de Obras Públicas y sus abogados niegan las acusaciones en su contra y aseguran que el imputado no se enriqueció ilícitamente.

La Operación Calamar sigue su curso y, entre los imputados, se encuentra el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Hoy se le conocerá medida de coerción, mientras sus abogados defienden su posición y niegan las acusaciones en su contra.

Los representantes legales de Castillo aseguran que el Ministerio Público no ha realizado una investigación adecuada, poniendo en duda la veracidad de las pruebas presentadas en su contra. Según sus abogados, uno de los testimonios presentados por el Ministerio Público acerca de la entrega de dinero en camiones blindados a un inmueble vinculado a Castillo es falso. Los abogados de Castillo argumentan que una camioneta F150, como la mencionada en el testimonio, no podría entrar en el parqueo soterrado de la oficina del exministro, y presentan un video y un acta de comprobación como pruebas.

Además, los abogados de Gonzalo Castillo señalan que su cliente no se enriqueció ilícitamente durante su función pública, sino que, por el contrario, se endeudó. Alegan que Castillo entró a la función pública con deudas por 40 millones de dólares y salió con deudas de mil millones de pesos. Para respaldar esta afirmación, presentan estados financieros de todas las empresas en las que Castillo es accionista.

Los representantes legales también destacan el arraigo de Gonzalo Castillo en República Dominicana, asegurando que no huiría del país para sustraerse del proceso judicial. Incluso, mencionan que el día que fue arrestado, Castillo acudió voluntariamente al Ministerio Público y regresó dos horas después con un «bultico» como muestra de cooperación.

Con estas pruebas y argumentos, los abogados de Gonzalo Castillo buscan desacreditar las acusaciones en su contra y demostrar su inocencia en el caso de la Operación Calamar.

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